La Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP) ha celebrado este sábado en las instalaciones del Gran Canaria Arena su primera Asamblea General con Miguel Ángel Domínguez como presidente. Gregorio Toledo también se estrenó como secretario en esta reunión en la que participaron 39 de los 56 miembros a lo largo de dos horas y media.
El mayor debate se generó en torno a la decisión de la Federación Canaria de Automovilismo de prohibir los R5+ y dejar sin derecho a puntuar los vehículos WRC, E1, E2 y A2. Sobre la mesa, la posibilidad de incluir todos estos vehículos en los certámenes provinciales. La Asamblea de la FALP aprobó que su Junta de Gobierno solicite a la FCA esta posibilidad y así no enfrentarse a las prescripciones de los reglamentos aprobados el pasado mes de febrero. En caso de negativa, se volverá a apelar a la FCA para crear un trofeo exclusivo, donde incluso podrían entrar también los R5+.
Se aprobó también un protocolo para evitar la coincidencia de pruebas de la misma modalidad; la sustitución –siempre que la tecnología lo permita– de las banderas físicas por las digitales que se activan desde dirección de carrera y las ven piloto y copiloto dentro del coche.
En el apartado económico, la aprobación de las cuentas de 2019 y el presupuesto 2020 quedaron pendientes para otra Asamblea extraordinaria, ya que, según la FALP, a día de hoy no se ha entregado la documentación necesaria por parte del gestor de la anterior Junta de Gobierno. Miguel Ángel Domínguez explicó que una vez dispongan de ella, se pondrá en manos de los servicios jurídicos para chequear que sea correcta y advirtió que, en caso de que se detecte que la administración fue desleal, se presentará una demanda.
Según una nota emitida por la FALP, en el momento de la toma de posesión por parte de Miguel Ángel Domínguez, el saldo real de esta institución era de poco más de 2.000 euros y su deuda a proveedores ascendía a casi 65.000 euros. Pendiente aún de una subvención de 30.000 euros del Cabildo de Gran Canaria, esa deuda sería cercana a los 40.000 según esos datos. Por ello, Domínguez expresó la imposibilidad de elaborar un presupuesto hasta no conocer el balance definitivo.
