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FREDICA contra la competencia desleal

  • Las ventas ilegales pueden suponer alrededor de 10% del total.

La Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (FREDICA) considera que la economía sumergida en las islas es un problema muy grave, no solo para los intereses del sector, debido a la competencia desleal que esto supone, sino también para las administraciones públicas, que dejan de recaudar tanto por cuestiones fiscales como sociales pero, sobre todo, para los propios ciudadanos, que pagan servicios sólo hipotéticamente más baratos, sin ningún tipo de garantía.

Para el sector del automóvil, es fundamental la colaboración de las administraciones públicas. En estos casos concretos de ventas en la vía pública y talleres clandestinos, debido a la complejidad de su persecución y prueba, y sobre todo por la falta de coordinación, se mantienen estas actividades de manera totalmente impune, generando un importante daño al conjunto de la sociedad. Pese a  que las empresas legalizadas tienen que pagar múltiples impuestos, soportar alquileres, cumplir innumerables normativas laborales y administrativas, prestar garantía, suelen ser curiosamente las empresas más inspeccionadas, dando la sensación de que la administración y sus funcionarios sólo persiguen a las empresas que están legalizadas, mientras que la persecución de los ilegales es prácticamente inexistente.

El sector critica las últimas medidas dirigidas a aflorar el trabajo sumergido estableciendo una amnistía parcial para aquellos empresarios que den de alta a trabajadores que tienen en situación irregular. Se considera por FREDICA que la administración antes debería perseguir con contundencia a las empresas  y empresarios que operan en la economía sumergida. Consideran que medidas como las planteadas por el gobierno sólo sirven como excusa para incrementar las sanciones administrativas.

Por el sector se destaca que tenemos varias administraciones públicas con una legislación prolija pero nada operativa. Se indica tenemos miles de funcionarios pero en las calles y los barrios no hay prácticamente controles de ningún tipo sobre este tipo de actividades sumergidas. En el sector del automóvil las ventas ilegales pueden suponer entre el ocho y el diez por ciento del total, en torno a los cinco mil vehículos anuales, mientras en el caso de los talleres ilegales las cifras estimadas pueden superar los dos millones de euros en facturación de mano de obra.

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