FREDICA sale al paso de las declaraciones de Teresa Rivero sobre el futuro de los motores diésel en España para tacharlas de “temerarias”.
“El diésel tiene los días contados”, esta fue la tajante afirmación de la nueva Ministra para la Transición Ecológica, matizando posteriormente para explicar que “su impacto en la calidad del aire es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida”.
Esto ha puesto patas arriba a todos los interlocutores del sector, incluido la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Vehículos afirmando además que “genera incertidumbre entre los ciudadanos”.
Sin embargo y a nuestro entender, la ministra no ha hecho más que poner sobre aviso lo que sin duda ya es una tendencia, así lo constatan las cifras. La industria, sin embargo, esperaba una transición más tranquila, menos celeridad en el proceso. Como explica el presidente de FREDICA, Rafael Pombriego, “se requiere un periodo de adaptación razonable no pudiéndose cambiar la oferta de vehículos y la demanda de un día para otro. Se debería fijar una fecha a medio plazo para que fabricantes y distribuidores puedan realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta la oferta y la demanda como todo el entramado económico y social que está detrás del sector”.
Es discutible, sin embargo, la afirmación de una actuación armonizada y coordinada entre instituciones gubernamentales, autonómicas y locales como apunta FREDICA. Cada ciudad, como ocurre en algunas grandes urbes de España, tienen su propia realidad y en ocasiones se requiere de intervenciones urgentes para contrarrestar los niveles de contaminación generadas principalmente por el tráfico.
El presidente de FREDICA considera, incluso, la posibilidad de que los usuarios de vehículos diésel puedan demandar a los ayuntamientos, comunidades o estados donde se les prohíbe o prohibirá circular. “Los estados han permitido la fabricación de estos vehículos como su matriculación, nada aun prohíbe fabricar y comercializar vehículos diésel en Europa. Establecer estas medidas discriminatorias supondrán un atentado contra el derecho de expectativa al uso pacífico de los miles de usuarios que han adquirido o adquirirán legalmente un coche diésel y que por decisiones posteriores de carácter político, aunque tengan una justificación medioambiental, coartan su derecho a usar su automóvil, que ha comprado y por el que ha pagado y paga los correspondientes impuestos a la compra y al uso. Estas medidas, por tanto, no deberían tener efecto retroactivo”.